Evolución política del bando republicano.
La sublevación había provocado la inmediata dimisión del Gobierno, dirigido por Santiago Casares Quiroga, y el encargo del presidente Manuel Azaña a Diego Martínez Barrio para formar nuevo gobierno. El fracaso de este en sus gestiones para paralizar el movimiento insurgente y sus recelos de entregar armas al pueblo lo llevaron también a dimitir el mismo 19 de julio. De este modo -buscando un nuevo consenso político-, Azaña confió a José Giral, catedrático de Química de Salamanca y perteneciente a Izquierda Republicana, la inmediata formación de un nuevo gobierno, integrado por prohombres del republicanismo moderado, y comenzó entonces la entrega de armas al pueblo.
Hasta el fin de la guerra, las instituciones republicanas siguieron funcionando sobre la base de la pluralidad y con la Constitución en vigor, a pesar de las limitaciones que imponía la situación bélica. La dinámica de los partidos y las organizaciones republicanas, con posiciones diferentes acerca de la marcha de la guerra y las medidas políticas consiguientes, provocó cambios de gobierno y enfrentamientos, a veces sangrientos, en el propio bando republicano.
1. El gobierno de Largo Caballero.
El día 5 de septiembre de 1936, el presidente Azaña encargó formar gobierno a Francisco Largo Caballero, líder de la izquierda del PSOE, quien formó un gabinete de amplísima coalición que integraba a nacionalistas vascos y catalanes, los partidos republicanos, el PSOE y el Partido Comunista. Unos días más tarde se integraron en el gobierno cuatro ministros anarquistas.
En la Guerra Civil española, coincidiendo con la ofensiva de los sublevados sobre Madrid, tuvo lugar un hecho excepcional en la historia del movimiento anarquista: la participación en un gobierno de ministros de esa ideología. El día 5 de noviembre de 1936, la Gaceta de la República publicaba los nombramientos: Juan Peiró, ministro de Industria; Juan López, ministro de Comercio; García Oliver, ministro de Justicia, y Federica Montseny, ministra de Sanidad.
Una medida notable fue la aprobación, el 1 de octubre, del estatuto de autonomía del País Vasco.
A principios de noviembre, el Gobierno abandonó Madrid, gravemente amenazada por las columnas del sur, trasladándose a Valencia. Madrid quedó bajo la autoridad de una Junta de Defensa dirigida por el general Miaja, con la colaboración del general Pozas, que obtuvo una gran victoria moral al hacer fracasar los intentos del ejército franquista de tomar la capital.
El gobierno de Largo Caballero acometió las principales reformas políticas y militares en los meses siguientes. A pesar de algunos retrocesos, compensados con la victoria republicana en Guadalajara, la confianza en la victoria era grande. Sin embargo, nuevos factores vinieron a complicar la situación.
El Partido Comunista de España, que contaba con unos 10.000 afiliados nada más comenzar la guerra, vio aumentar su protagonismo por diversas causas: la disciplina interna; el control de los suministros rusos, que empezaron a ser esenciales en el esfuerzo de la guerra, dado el bloqueo de suministros de los países occidentales, amparados en el Comité de No Intervención; y, por fin, la división entre las demás fuerzas republicanas.
2. Guerra o revolución.
El PCE preconizaba ante todo la unidad para enfrentarse a un enemigo que se caracterizaba por su unidad de acción. De hecho, había logrado unir en Cataluña a todos los partidos socialistas y comunistas en un nuevo partido, el Partido Socialista Unificado de Cataluña. Asimismo, la política del PCE buscaba la alianza con los sectores de la burguesía media, pequeños empresarios y campesinos bajo el lema "primero ganar la guerra", mientras que otras fuerzas -anarquistas, POUM- entendían que había que tomar medidas revolucionarias y colectivizadoras para poder contar con el apoyo popular que llevase a la victoria.
Los enfrentamientos llegaron a su culminación en mayo de 1937, con combates en Barcelona entre partidarios de ambos grupos. En esa lucha fue detenido y asesinado el líder más prestigioso del POUM, Andreu Nin. La movilización popular que provocó la sublevación demandaba cambios en la organización económica y social, que fueron llevados a cabo por el gobierno republicano desde los primeros momentos de la guerra. Así, se redujeron los alquileres de viviendas; fueron incautadas y nacionalizadas industrias de los partidarios de la sublevación (2 de agosto de 1936); continuó la reforma agraria y la expropiación de fincas abandonadas, que fueron cedidas en usufructo perpetuo a sus cultivadores; se nacionalizaron industrias básicas, como CAMPSA y las compañías ferroviarias, y se estableció el control estatal sobre los bancos y las instituciones financieras.
Pero el aspecto más llamativo y transformador radicó en las colectivizaciones de empresas y, sobre todo, de explotaciones agrarias, que fueron llevadas a cabo por las organizaciones sindicales campesinas. Las colectivizaciones afectaron a cerca de tres millones de hectáreas en extensas zonas de Aragón, Levante y Andalucía, ya un total de 156822 familias. Mientras las organizaciones campesinas de la CNT y UGT apoyaban sin reservas la colectivización, el PCE mantuvo sus reservas a estas medidas, en la idea de conseguir el apoyo del pequeño campesinado propietario.
3. El gobierno de Negrín.
A partir de la crisis de mayo de 1937, el gobierno republicano pasó a estar dirigido por el doctor Juan Negrin, del PSOE, partidario de la máxima unidad de las fuerzas republicanas y apoyado en los comunistas. En la zona republicana, las derrotas enturbiaron aún más las relaciones entre la Generalitat de Cataluña y el gobierno central, que deseaba recuperar competencias con objeto de unificar el esfuerzo de la guerra. A tal efecto, Juan Negrín trasladó la sede del gobierno de Valencia a Barcelona (31 de octubre de 1937), buscando el control de las industrias bélicas catalanas. Mientras, en la retaguardia, la unidad se afirmaba con la marginación, incluso violenta, de los anarquistas y comunistas heterodoxo s del POUM. El apoyo del Frente Popular francés y de la Unión Soviética al bando republicano favorecería el crecimiento espectacular de los comunistas, erigidos en árbitros de la situación durante los dos últimos años de vida de la República.
Tras la caída del frente norte, en octubre de 1937, y las derrotas de 1938, particularmente la sufrida en la batalla del Ebro, las esperanzas republicanas estaban en quiebra. Por otro lado, la política de concesiones y "apaciguamiento" mantenida por los británicos frente a Hitler se concretó en el Pacto de Munich, en octubre de 1938, con la cesión de Checoslovaquia, gesto que hacía temer lo peor a los dirigentes republicanos.
En ese momento, la consigna del gobierno de Negrín de resistir a ultranza hasta que se desencadenara el inminente conflicto europeo no fue igualmente comprendida por todos los combatientes republicanos. Un sector, en el que se integraban militares profesionales, como el coronel Casado, pero también dirigentes socialistas, como Besteiro, o combatientes anarquistas, como Cipriano Mera, había decidido ya la rendición a Franco, confiando quizá en un trato honorable al vencido. Esto llevó a los combates internos en Madrid, una vez conocida la caída de Barcelona, y al hundimiento de la resistencia republicana en el centro.
Texto extraído del manual de Historia de España de 2º de bachillerato de la editorial Anaya. Toledo 2001.